lunes, 16 de febrero de 2009

Antecedentes históricos

La década de los 80s:

El 12 de agosto de 1980, con la firma del Tratado de Montevideo,  surge la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ante el relativo fracaso de la ALALC, que fue creada en 1960. La evolución de la ALALC había sido marcada por dificultades para alcanzar los objetivos que la misma se propuso y por el abandono de varios de ellos. Pero su legado más grande, fueron logros importantes en el campo de la construcción institucional y del comercio regional, este legado lo tomaría la ALADI.

El Tratado de Montevideo, establecía los siguientes principios generales: “pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales”[1]. Así, la ALADI surgió con una mayor flexibilidad en el proceso de liberalización del comercio que el de la ALALC. También dentro de la ALADI se permite negociar acuerdos bilaterales o por grupos de países, al reconocer las realidades subregionales, pero dentro de sus principios se incluye el de convergencia, es decir, la multilateralización gradual de las acciones de carácter plural.

 

A pesar de ello, el Tratado de Montevideo de los 80s preservó un enfoque comercialista, principalmente la generación y desvío de comercio a través de los instrumentos de las preferencias y aranceles; pero, no inscribió una lógica de integración y complementación política y social también.

A principios de la década se daría la crisis de la deuda externa, iniciada con la moratoria de México en 1982, acarreando crisis de la balanza de pagos y difíciles condiciones estructurales y coyunturales. Esto anterior junto al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones conllevó a una nueva etapa de liberalización progresiva, a través de la eliminación de restricciones cuantitativas y aranceles, dotando a las políticas comerciales de instrumentos de aplicación transparente, ágil y sin restricción.

De esta manera el antiguo modelo de crecimiento con endeudamiento de los países líderes en Latinoamérica fue puesto en jaque, en este periodo de 1982 a 1990, a más de no existir absorción de recursos, las transferencias netas al exterior sumaron casi 220 mil millones de dólares, el 4% del PIB latinoamericano.[2]

En esta nueva etapa, el proceso de industrialización pasó a ser liderado por las grandes transnacionales y a centrarse en la producción de bienes de consumo duraderos, pero esta gran industria se asentaría sobre una base tecnológicamente atrasada y heterogénea, lo cual genera marcadas desproporciones en el tamaño económico de los diversos componentes de la estructura sectorial y provoca marcados desequilibrios y discontinuidades en el proceso crecimiento industrial.

Es decir, “los ciclos cortos de expansión de estas transnacionales nunca condujeron  a la creación de un núcleo de progreso técnico endógeno que garantizara la autodeterminación del proceso de industrialización, según el desiderátum de Raúl Prebisch y Celso Furtado.”[3] Sin embargo, las transnacionales se continuaron fortaleciendo ya que la inversión y desarrollo tecnológico de la misma estaba vinculada con su matriz en el exterior. El predominio de estas empresas empezó a configurar las estructuras de mercado, los patrones de distribución del ingreso y la composición del comercio internacional de los países de Latinoamérica.

“La casi totalidad de los países latinoamericanos inició una apertura sectorial hacia el exterior, que respondía al imperativo de premiar la eficiencia y la competitividad como mejor camino para el perfeccionamiento tecnológico y para el desarrollo”[4] El Estado debía, en esta concepción, crear las condiciones de competencia, educación, capacitación tecnológica y científica para promover la competitividad.

Ante el fin de los regímenes militares, se da un mayor acercamiento entre los países; especialmente entre Argentina y Brasil, los más grandes. Entre estas naciones se empezó a inscribir una dinámica de negociación  que se vio estimulada por la necesidad de apoyo e integración ante la crisis de la deuda, y la coyuntura de ambos países respecto al control de las principales variables macroeconómicas.

En julio de 1986, los mandatarios de Argentina y Brasil firmaban en Buenos Aires el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, que es el punto de partida jurídico del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE). Se buscaba partir de un conjunto limitado de proyectos sectoriales específicos y acotados iniciar la integración comercial, para luego ampliar la relación bilateral.

Así, los sectores que podrían dar resultados palpables serían preferidos a un utópico proceso de desgravación generalizado y horizontal.

El PICE fue un éxito, más allá de haber sido un impulso al comercio exterior, y un mecanismo de ahorro de divisas, fue una integración y complementación entre los sectores empresariales de ambos países, y sus gobiernos. Ante ello, en 1988 se quiso dar un salto cualitativo en las negociaciones con la firma del Tratado de Integración Cooperación y Desarrollo, en noviembre de dicho año, en el mismo se planteaba el objetivo de establecer un espacio económico común.

Pero dicho tratado no tuvo éxito ya que ante la no coyuntura en el problema de la deuda, mientras Argentina firmaba un acuerdo stand by con el FMI, Brasil declaraba la moratoria, y las variables macroeconómicas se descontrolaban, obligando a adoptar medidas comerciales restrictivas.

Por su parte el Pacto Andino, debido a la crisis de la deuda entró en un sistema de comercio administrado, en el cual los países pedían reciprocidad para intercambia con preferencia un número limitado de productos. De esta manera los países de la CAN fueron más proteccionistas entre sí de lo que fueron con terceros países. En 1983, las exportaciones de la región al resto del mundo habían caído en 4.6%, mientras las exportaciones entre el Grupo cayó en 46%.[5]

Ante ello, con la Declaración de Quito en 1987, se replanteó el proceso como un modelo abierto que permitiera a los países de la región integrarse a la economía mundial. Así se inició el proceso de apertura unilateral y mayor inserción en la economía mundial, dentro del regionalismo abierto. El nuevo estilo de desarrollo privilegia el crecimiento hacia fuera en contraposición con el crecimiento hacia adentro.

A través de este regionalismo abierto se perseguía que las políticas explícitas de integración fueran compatibles con las políticas tendientes a elevar la competitividad, y que las complementaran. Esta nueva lógica se la inició con la aprobación del Protocolo de Quito en 1987 y se ampliaría con las actas de Galápagos en 1989.

En el Protocolo de Quito, se sustituyeron los regímenes de programación industrial y agropecuaria, así como la planificación de la infraestructura física por programas generales. Se reafirmó que el programa de liberación debería ser automático e irrevocable. A la par de estos cambios del protocolo, los países adoptaron políticas internas de liberación financiera, cambiaria y de comercio exterior; siendo éstas medidas de apertura unilateral.

 

La década de los 90s:

 

Esta década es marcada por la presencia del modelo de reforma estructural y el de regionalismo abierto. Fue la década de mayores acuerdos comerciales, catorce en total. Este alto dinamismo de las negociaciones comerciales resultó en una red normativa común que los vincula.

El ajuste estructural comprende un conjunto de reformas y políticas: Reducción de aranceles, apertura al ingreso de capitales extranjeros, importación de tecnología, reforma y reestructuración del Estado, modernización de las gestión oficial, privatización de empresas públicas, reducción de la pobreza, desregulación y competencia en el mercado laboral y financiero, programa de estabilidad macroeconómica.

El influjo liberalizador que alcanzó su punto máximo en la segunda mitad de la década pasada dejó pocos espacios fuera de las mesa de negociaciones comerciales. Las prescripciones del Consenso de Washington, alentadas por las expectativas generadas tras la Ronda de Uruguay, la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y la consolidación de la Unión Europea (UE), generaron el clima propicio para esta liberalización global. La voluntad de las grandes potencias, su enfoque político-económico de las asociaciones comerciales y el sesgo exportador de los países menos desarrollados, amplificaron el proceso. Es a partir de la consolidación de los bloques regionales y la OMC que el ‘mercado público’ comienza activamente a debatirse en los foros comerciales.1 Aunque ningún país latinoamericano ha adherido al Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas de la OMC, varios han firmado acuerdos regionales y bilaterales que incluyen compromisos de acceso comercial (‘trato nacional’ y ‘no discriminación’), regulaciones específicas en transparencia y procedimientos que limitan la capacidad discriminatoria de los gobiernos.

En Latinoamérica, Chile, México, el Mercado Común Centroamericano, la República Dominicana y la Comunidad Andina de Naciones han firmado acuerdos bilaterales —con Estados Unidos, la Unión Europea o Japón.



[1] Página Web Oficial de la ALADI: http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/biblio2004

[2] María da Conceição Tavares, y Gerson Gomes, La CEPAL y la integración económica de América Latina, Revista de la CEPAL - Nro. Extraordinario, Octubre 1998, versión digital disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/19238/concei.htm

[3] María da Conceição Tavares, y Gerson Gomes, La CEPAL y la integración económica de América Latina, Revista de la CEPAL - Nro. Extraordinario, Octubre 1998, versión digital disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/19238/concei.htm

[4] Rubens Antonio Barbosa, La Evolución del Proceso de Integración en América del Sur de los años sesenta al milenio: Aporte a la Historia del MERCOSUR, Secretaría General de ALADI, 27 de septiembre del 2000.

[5] Manuel José Cardenas, Creación del Grupo Andino y Proyección de la Comunidad Andina, Secretaría General de ALADI, 27 de septiembre del 2000.