CIA FACT BOOK CHILE , MÉXICO

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Clasificación de la integración

Clasificación de la integración según sus grados:

Tomando en cuenta que la integración es un proceso, el cual pasa por diversas etapas en forma paulatina y progresiva, es posible establecer una clasificación según el grado de integración, donde cada una de las etapas o grados tiene ciertos rasgos esenciales que la distinguen tanto de la etapa inmediatamente anterior como posterior. Existe un consenso más o menos amplio en la literatura que trata el tema respecto de cuáles son las etapas por las que pasan los procesos de integración. Para efectos de este estudio, se hará referencia a la clasificación que hace Bela Balassa quien establece 5 etapas o grados de integración, además se agrega una etapa preliminar llamada área de preferencias arancelarias a la cuál haremos referencia según la definición de Ricardo Basaldúa.

1. Zona de preferencias arancelarias

Es un acuerdo entre varios Estados, mediante el cual se comprometen a brindar a sus respectivas producciones un trato preferencial en comparación al que se otorga a terceros países, es decir, se conceden diversos grados de rebajas arancelarias en el comercio recíproco. Esta área se puede dividir a su vez en tres: área de preferencias arancelarias propiamente dichas, donde las concesiones son exclusivamente a los derechos aduaneros que gravan la exportación e importación de mercaderías; área de preferencias aduaneras, donde no sólo se limitan a las restricciones arancelarias, sino que puede contemplar también otros tributos aduaneros, que se aplican con ocasión de laexportación o la importación, pudiendo contemplar tanto restricciones directas como indirectas; y áreas de preferencias económicas, que abarcan aspectos que no son más de naturaleza aduanera, pero que hacen un tratamiento discriminatorio de la mercadería extranjera una vez que ésta ha sido importada.

Este es un grado de integración sumamente superficial por lo que hay autores que no lo consideran como tal. A pesar de esto, se ha estimado igualmente válido mencionarlo como un primer paso hacia lo que pudiera ser un proceso posterior de integración mucho más amplio.

2. Zona de libre comercio

Consiste en que los Estados partes acuerdan suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio recíproco de bienes, pero conservando cada uno de ellos autonomía e independencia respecto de su comercio con terceros Estados. Para llegar a una Zona de Libre Comercio se fijan plazos, condiciones y mecanismos de desgravación arancelarios. La mira está puesta en las "medidas de fronteras" entre las partes, con el propósito de incrementar los flujos de los intercambios recíprocos. Como en el acuerdo de libre comercio surge el problema del control de las importaciones de extra zona, los Estados partes deben implementar instrumentos que tiendan a establecer el origen de los productos, y de esa forma diferenciar entre los bienes que se generan en la zona y los que provienen de otras latitudes, ya que los productos que se deben beneficiar con el acuerdo son los originarios de los Estados partes, evitando la triangulación que significaría el ingreso de productos del exterior a la Zona a través del país que cobra los aranceles más bajos; esto se obtiene por medio de lo que se denomina "cláusulas de origen", las cuales deben ser muy precisas y severas.

3. Unión aduanera

Implica un proceso en el que los estados participantes, además de liberar las corrientes comerciales por medio de la desgravación arancelaria entre ellos, adoptan frente a terceros países una política arancelaria común o tarifa externa común.

ARNAUD (1996: 25) señala que la unión aduanera perfecta debe reunir las siguientes condiciones: 1) la completa eliminación de tarifas entre sus Estados miembros, 2) el establecimiento de una tarifa uniforme sobre las importaciones del exterior de la Unión y 3) la distribución de losingresos aduaneros entre sus miembros conforme a una fórmula acordada.

De acuerdo a lo anteriormente dicho, los Estados que integran una unión aduanera, además de reducir las tarifas aduaneras entre sí hasta llegar a cero, adoptan un arancel externo común, en forma gradual con plazos y listas temporarias de excepciones que normalmente son diferentes según el desarrollo económico de los Estados partes, en relación a los productos que importan de países de fuera de la zona.

Los derechos de importación obtenidos por el arancel externo común, a su vez, deben ser distribuidos entre los Estados miembros, para lo cual deben definir el mecanismo para ello. Por otra parte, al existir un arancel externo común, se eliminan las normas de origen, por lo que una mercadería de procedencia extranjera, ingresada legalmente por cualquier repartición aduanera, previo pago del impuesto común que se haya fijado, tiene libre circulación por el espacio geográfico de los países socios de la unión aduanera. Otro dato importante de mencionar es respecto de la forma de negociación con el exterior, la cuál debe hacerse necesariamente en bloque.

4. Mercado común

En la etapa del mercado común, los países miembros que componen la unión aduanera le agregan la posibilidad de la libre circulación de personas, servicios y capitales sin discriminación, por tanto, se establece la libre circulación de los factores productivos.

En el mercado común, no hay aduanas internas ni barreras tarifarias entre los Estados partes; se lleva a cabo una política comercial común, se permite el libre desplazamiento de los factores de la producción (capital, trabajo, bienes y servicios), es decir, las cuatro libertades fundamentales de la comunidad, y se adopta un arancel aduanero exterior unificado.

Por lo tanto, la legislación de los países miembros debe unificarse o armonizarse con el objeto de asegurar las condiciones de libre concurrencia en el ámbito del mercado interior común. Las normas no sólo deben perseguir la supresión de las barreras que impiden el libre ejercicio de las cuatro libertades que fueran mencionadas (barreras aduaneras, físicas, técnicas, comerciales, restricciones monetarias, etc.), sino también de aquéllas que son consecuencias de prácticas restrictivas de reparto o explotación de los mercados imputables a las empresas (reglas decompetencia).

La armonización de las legislaciones sobre las áreas pertinentes, la coordinación de las políticas macroeconómicas y el establecimiento de reglas comunes aplicables de manera uniforme no solamente a los Estados participantes, sino también a las personas físicas y jurídicas que en ellos habitan, generan normas que son fuente de derechos y obligaciones para unos y otros.

5. Unión económica

La unión económica se dá cuando los Estados que han conformado un mercado común, le incorporan la armonización de las políticas económicas nacionales, entre ellas, las políticas monetaria, financiera, fiscal, industrial, agrícola, etc., con la finalidad de eliminar las discriminaciones que puedan hallarse de las disparidades entre las políticas nacionales de cada uno de los Estados que la componen.

Como son objeto de la integración todas las actividades económicas en el ámbito espacial de la unión económica –entre ellas la política financiera-, la concertación de una política monetaria común lleva a la creación de un banco central común y finalmente a la adopción de una moneda común, con lo que se perfecciona una unión monetaria.

6. Integración económica completa

Este es el mayor grado de profundidad al que puede aspirar un proceso de integración y se produce cuando la integración avanza mas allá de los mercados, porque en el transcurso de este proceso, los Estados involucrados tienden no solo a armonizar, sino a unificar las políticas en el campo monetario, fiscal, social, etc., y más allá incluso, en cuestiones relativas a las políticas exteriores y de defensa.

En esta instancia de integración, se requiere del establecimiento de una autoridad supranacional cuyas decisiones obliguen a los Estados miembros. Algunos autores afirman que este grado de unificación sugiere la desaparición de las unidades nacionales, por la absorción de las partes en un todo, como es definida la palabra "integración" de acuerdo al diccionario de la RAE.

Tratado de Libre Comercio - México Chile

El Tratado de Libre Comercio México-Chile se firmo el 17 de Abril de 1998 y entro en vigor el 1 de Agosto de 1999.

El Tratado de Libre Comercio México- Chile, constituye un gran avance en la estrategia de política de negociaciones comerciales internacionales de México, la cual busca ampliar, diversificar y mejorar el acceso de los productos nacionales a los mercados externos, permite obtener reciprocidad a nuestro proceso de liberalización comercial, reduce la vulnerabilidad de nuestros exportadores ante medidas unilaterales por parte de nuestros socios comerciales y fomenta los flujos de inversión extranjera directa hacia México.

El capítulo de acceso a mercados establece la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias entre las partes. Se establecieron plazos de desgravación que permiten a los sectores productivos de Chile y de México ajustarse a la apertura comercial, cuidando la sensibilidad de los diferentes sectores productivos de los países. Reconociendo la asimetría en las economías, México se abrirá más rápido que Chile, tanto en tasas base como en plazos de desgravación.

Los acuerdos de alcance parcial en gran medida se integran y se consolidan dentro del tratado, lo cual da una mayor certidumbre y permite avanzar en la relación comercial entre los países firmantes.

Las reglas de origen son los requisitos mínimos de fabricación, contenido o elaboración en la región que debe cumplir un producto para poder ser considerado como originario de la región compuesta por Chile y México; es decir, para que el producto tenga derecho a los beneficios del tratado en materia de aranceles aduaneros.

Las reglas de origen negociadas en este acuerdo siguen la misma metodología que los demás tratados negociados en el continente y su propósito es fomentar la utilización de insumos de la región.

El tratado establecerá mecanismos en materia aduanera para que los bienes originarios puedan gozar del trato arancelario preferencial establecido en el tratado, y para verificar el cumplimiento de las reglas de origen.

Como en todos los tratados firmados por México las autoridades aduaneras seguirán las mismas normativas para verificar el país de origen de los productos.

Antecedentes históricos, continuación..

Estos nuevos acuerdos eran compatibles con las disciplinas de la OMC, de la cual eran miembros todos los países signatarios. Estos convenios traspasan la lógica de la simple liberalización del comercio de mercancías, contemplando también el comercio de servicios, inversiones; y, en ciertos casos protección a la propiedad intelectual.

A pesar de estas reformas, existió un menor dinamismo de las exportaciones latinoamericanas comparado con la evolución del comercio internacional, cuyo ritmo de expansión se acelera a partir de la segunda mitad de los años 80, se tradujo en un continuo deterioro de la posición relativa de América Latina, cuya participación en las exportaciones mundiales bajó de 5.5% en 1970 (era de 7.7% en 1960) a apenas 3.8% en 1994.[1] Las políticas macroeconómicas de estabilización con anclaje cambiario y valorización con respecto al dólar, puestas en marcha con mayor intensidad en esta década, provocaron desplazamientos comerciales favorables a EEUU y perjudiciales a diversos países del área.

El aumento del comercio en realidad representa, en su mayor parte, un aumento de las transacciones intraempresas, con incremento del coeficiente importado, bajo valor agregado y bajo nivel de empleo por unidad de producto. Por ejemplo, la industria automotriz sufrió un proceso de reagrupamiento y 'modernización' en las empresas de ensamblaje, que alimentó la expansión del comercio de manufacturas intrabloque MERCOSUR  Así se ha afirmado que “los acuerdos subregionales de libre comercio son más bien acuerdos de protección de inversiones sobre todo en el marco de la división espacial del trabajo intraempresas transnacionales en ciertos sectores como el automotriz, el químico y el textil”[2]

En esta década en el Pacto Andino, entre Venezuela y Colombia se avanzó rápidamente, creando en 1992 una unión aduanera parcial entre estos dos países con una progresiva incorporación del Ecuador, con tratamiento especial. Con el Acta de Quito en 1995 se decidió reestructurar las instituciones y órganos del Acuerdo de Cartagena para crear la Comunidad Andina. Se dieron dos actas más que posteriormente se fueron convirtiendo en compromisos jurídicos: Protocolo de Trujillo (1996) y Sucre (1997).

Es en ésta década cuando la CAN adquirió una dimensión política y una personería jurídica internacional. Con el Protocolo de Sucre se introdujo modificaciones para considerar la situación especial de Perú, y también sintonizar el Acuerdo con la globalización, en aspectos como relaciones externas, el comercio de servicios, y la integración social.

El 23 de abril de 1997, se creó un Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, Bancos Centrales y Organismos de Planificación para la armonización de las políticas económicas y estabilidad macroeconómica. A partir de febrero de 1995, se adoptó el AEC (Arancel Externo Común), que permitió formar la Unión Aduanera. El
Comercio de bienes tuvo en esta década su mayor dinamismo en la CAN; pues, de 112 millones de dólares en 1970, se pasó a 5,330 en 1998. También creció el comercio intrasubregional, de un total de 2% en 1970 a 14% en 1998. [3]

El mayor incremento fue en la inversión extranjera que pasó de 1,185 millones en 1990 a 11,106 millones en 1998. Dicha inversión fue estimulada por la libre circulación de capitales, el trato nacional, evitar la doble tributación, entre otras. Se realizó una liberalización de los servicios de transporte, el cual presentó incrementos considerables en el número de frecuencias realizadas, ciudades interconectadas, reducción de costos e incremento de las empresas que prestan servicios.

Pero con el Protocolo de Trujillo, no sólo había avanzado en lo comercial, la CAN adquirió una dimensión política, así se dieron lineamientos de una Política Externa Común, para hacer planteamientos conjuntos para negociar con terceros.

Sin embargo, con la crisis del fin de la década, la integración retrocedió. Primeramente los países andinos, que habían recuperado su crecimiento tras la década pérdidas, en 1999 tuvieron crecimiento negativo. El anterior incremento de comercio entre los andinos significó que los desequilibrios de un país se transmitieran más rápidamente a los otros, a través de la contracción de la demanda externa. El comercio andino, de igual manera disminuyó ante la adopción de medidas proteccionistas unilaterales sin respetar los mecanismos del acuerdo.

Como se mencionó antes, el 26 de marzo de 1991 los Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pudieron firmar el Tratado de Asunción que creó el MERCOSUR, para la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países miembros, a través de la eliminación de derechos aduaneros y de restricciones no arancelarias a la circulación de bienes y servicios, es decir una zona de libre comercio.

El MERCOSUR pasó por una primera etapa, el llamado periodo de transición, de 1991 a 1994, en el que se dedicó mayoritariamente a la superación de obstáculos a la libre circulación de bienes, capitales y factores productivos que a la creación de estructuras políticas y económicas de tipo comunitario. También se enfrentaron inmensos problemas prácticos como las fuertes asimetrías económicas entre los países miembros, a más de que todos ellos tenían que dirigir procesos de ajustes económicos que no siempre coincidían  en sus ritmos y mecanismos, por lo que la coordinación de las políticas macroeconómicas a más de ser unos de sus objetivos, representó uno de los mayores desafíos.

En el terreno de las Inversiones se firmaron dos instrumentos cuadrilaterales sobre promoción y protección de las inversiones: el Protocolo de Colonia, de tratamiento recíproco, y el Protocolo de Buenos Aires, sobre la protección a acordar para las inversiones de terceros países. La tendencia general fue la liberalización, en el sentido de facilitar los flujos de capitales.

Con el Protocolo de Ouro Preto que entró en vigor el 1 de enero de 1995, se creó la estructura institucional del MERCOSUR y se adoptó el Arancel Externo Común. El Protocolo Ouro Preto atribuyó al MERCOSUR personería jurídica internacional, lo que consolidó la práctica de negociar en forma cuadripartita con terceros países o con grupos de países como con la CAN o UE.

El MERCOSUR se mostró como un ejercicio de integración regional exitoso no solo en términos de los resultados comerciales, sino también por la incorporación de otras áreas de cooperación y por la respuesta a los desafíos de la globalización. En los años 90, el MERCOSUR se benefició de la alternancia de ciclos expansivos de las mayores economías.

A pesar de la voluntad política de los gobiernos de los cuatro países miembros, factores de política económica interna en Argentina y Brasil acoplados a las consecuencias de las crisis financieras internacionales de fines de 1994 en México, de 1997 en Asia y 1998 en Rusia, causaron serias dificultades para la continua evolución positiva del proceso negociador regional. La devaluación del Real en Brasil, en enero de 1999, fue el detonador que hizo explotar la crisis, dada la inmediata reacción del sector privado argentino.

El Programa de Acción no se pudo cumplir, la Unión Aduanera continuó siendo imperfecta y se volvió más difícil el camino hacia un Mercado Común. En 1999 también se redujo el comercio intra-bloque, hasta ese momento la señal más concreta del éxito del proceso integracionista, caído a cerca de USD 15 mil millones contra más de USD 20 mil millones en 1998[4]. Se comenzó a perder la visión de naturaleza estratégica.

Del 2000 en adelante:

El nuevo regionalismo no ha constituido una posición fuerte y clara de desarrollo interno para inserción internacional, incluso se lo tacha de “enfoque confuso, carente de base teórica que representa algo más que un lema”[5]. Bajo esta nueva doctrina se ha sacrificado la profundidad del proceso de integración y no se ha sabido superar las contradicciones entre los objetivos de integración regionales  y las medidas de reformas estructurales.

A partir del 2000, el arribo de la IED sufre una involución, los flujos de IED bajaron de  105 000 millones de dólares en 1999 a 80 000 millones en el 2001[6], todo esto en respuesta a la crisis internacional de 1999. Pero este fenómeno también era causado por eventos de coyuntura internacionales que empezaron a frenar la expansión de la economía mundial y de ahí la inversión, en especial a inicios del nuevo milenio con el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001.

También para inicios de la década del 2000, los procesos de implementación de reformas que atrajeron la IED habían concluido y se habían dado la mayor parte de las privatizaciones. Sin embargo, muchos de los procesos emprendidos de privatización para mejorar la eficiencia, no repercutieron en dinamizar la economía, de 1997 a 2002, la tasa de ocupación descendió en América Latina de 52.9 a 51.8 por ciento. [7]

Ante ello, en esta nueva década, surge un renovado interés en obras infraestructurales de interés bilateral y regional; en materia de transportes, a través de la configuración de redes multimodales para articular mejor las vías terrestres, marítimas y aéreas, en materia de energía, con la integración y complementariedad en la utilización de recursos existentes: gas natural y energía eléctrica. A inicios de la década, ante la propuesta del ALCA, se avanzó en diálogos entre la CAN y MERCOSUR, con el propósito de establecer un bloque comercial sudamericano y tener fuerza de negociación en el proceso continental.

En esta década, la integración con economías de otras regiones a partir de la profundización de los esquemas subregionales se ha ido ampliando hacia otros países en desarrollo, como Sudáfrica, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), China, India y otros.

Ante la entrada en escena de los países del Asia, especialmente China, como nuevos motores de la demanda mundial de materias primas, en los años posteriores al inicio, se registró en diversos países de Latinoamérica un fuerte crecimiento del volumen y valor de las exportaciones. Igualmente, los precios de los productos agrícolas y mineros se incrementaron. En muchos casos, el factor del pecio permitió incluso compensar la caída del volumen, y en valores nominales, se exportó más que años anteriores.

En el 2004 y 2005, continuaría esta tendencia, con un mayor incremento de la participación de India y China como motores del crecimiento mundial, empezó a existir rebrotes de acciones proteccionistas como antidumping, salvaguardias y contingentes de exportación, especialmente por parte de los países industrializados.

Este proteccionismo ha trabado aún más el desarrollo del marco multilateral de comercio (OMC) y ha conducido a los países en desarrollo a buscar más los tratados bilaterales. China empezó a participar no sólo comprador, sino también como inversionista en América Latina, especialmente con interés en recursos energéticos y proyectos internacionales energéticos.

Una iniciativa fuerte y vinculante es la de “anillo energético” en el Cono Sur, que requiere de un elevado grado de coordinación y coherencia entre las  políticas de los países integrantes. De concretarse, esta marcaría un punto de inflexión en la integración regional y facilitaría nuevas medidas que refuercen la complementariedad económica.

En la región existen tres procesos de integración energética. El de Argentina y Chile para el gas, el de Venezuela y Colombia también por la construcción de un gasoducto que eventualmente podría ampliarse para salir al pacífico y abastecer el mercado chino, y el de Bolivia, Perú y México, para la construcción de un gasoducto y exportar gas a EEUU a través de México.

En 2000-2005, el comercio extrarregional aparece muy determinante para toda la región y todos los bloques de integración subregional. Estados Unidos y Asia son los socios comerciales que han otorgado mayor dinamismo al comercio extrarregional latinoamericano en el último quinquenio. En suma, la integración regional en América Latina y el Caribe se encuentra ante un nuevo fenómeno, relacionado principalmente con el destino de sus corrientes de exportación. Con o sin acuerdos bilaterales de libre comercio Norte-Sur, los subgrupos de integración y los países de manera individual han apostado en gran medida por los mercados extrarregionales como motor principal de la creación de comercio.

Cabe recordar que, hasta 1991, los acuerdos preferenciales subregionales de unión aduanera eran los únicos vigentes y representaban aproximadamente solo el 6% de las exportaciones de la región. Esta situación cambió drásticamente a fines de los años noventa y la transformación se aceleró en el periodo 2000-2005, por lo que, a fines de 2005, el 64% de las ventas externas de la región tenía lugar en el marco de varios tipos de acuerdos preferenciales (bilaterales y plurilaterales), tanto intrarregionales como extrarregionales. Los casos más notables son México, la subregión de Centroamérica y Chile, con el 94,4%, 84,8% y 73,7% de sus exportaciones, respectivamente, cubiertas por acuerdos preferenciales o de libre comercio.[8]

            En el MERCOSUR, a inicios del nuevo milenio, ante la crisis y caída, los mandatarios de las naciones líderes, Argentina y Brasil, veían la solución a los problemas actuales en fortalecer el proceso de integración. Se dio una fuerte caída en la demanda regional, sobre todo por las crisis de Argentina, pero el porcentaje de exportaciones intrasubregionales (11.4%)  todavía era más alto que el que se tenía en 1990, antes de conformar el MERCOSUR (8.8%).[9]

El MERCOSUR empieza en esta nueva década a producir importantes negociaciones y avances concretos, al interior del acuerdo, en lo que respecto al sector automotriz, clave en Brasil y Argentina, sobre la base del Acuerdo sobre Política Automotriz del MERCOSUR (PAM) de mayo del 2001. También se aprobó el Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR-Chile, a raíz de promover entendimientos entre Argentina-Brasil y Chile en el sector automotor.  Igualmente, en dicha línea se suscribe acuerdos parciales en este sector con México.

Ante la recesión sufrida pro Argentina en el 2002, junto a la devaluación de su moneda, impulsó a empresas brasileñas a buscar oportunidades de inversión en dicho país, de tal escala que Brasil ocupó en el 2002 el lugar del primer inversor en el mercado argentino. Respecto a la coordinación macroeconómica, a pesar de los retrocesos de la crisis, se hizo un esfuerzo por continuar con estudios conjuntos de las mismas, así como, la homogeneización de metodologías para las estadísticas.

Otro avance clave fue la suscripción del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, en febrero del 2002, esto permitió de mejor forma tramitar los reclamos de las naciones miembro del MERCOSUR entre sí, especialmente en los casos de demanda de los pequeños (Uruguay y Paraguay) contra los grandes (Brasil y Argentina). Pero este mecanismo se probaría débil en los siguientes años, sobre todo por disputas entre Argentina y Brasil por temas comerciales, tanto a nivel ministerial como empresarial. También ha afectado la brecha existente entre normativas comunitarias y políticas públicas efectivamente adoptadas por los países comunitarios.

Trece años después del Tratado de Asunción, los avances en armonización aduanera y técnica han sido menores a lo esperado y desde fines de los 90s incluso se fueron introduciendo nuevos tratamientos excepcionales que vulneran estos principios. Brasil no ha actuado como motor para las exportaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay, ha medida que este país crece en competitividad el espacio regional ha perdido importancia para el desarrollo de su sector exportador. El espectacular incremento de las exportaciones brasileñas hace que se reduzca para Brasil la importancia económica del MERCOSUR.

Pro esto, los países pequeños del MERCOSUR han reclamado mayores libertades para posibles acuerdos con Estados que no pertenecen al bloque, especialmente Uruguay quien está interesado en iniciar negociaciones con EEUU

El MERCOSUR inició a inicios de esta década, negociaciones con la CAN. En diciembre del 2002 se suscribió un Acuerdo de Complementación Económica, el cual buscaba establecer antes del 2003, un área de libre comercio, cuyo objetivo no se lo alcanzó. Igualmente inició en 1999 negociaciones con la UE para establecer un acuerdo interregional para el libre comercio de mercancías y servicios. Con Chile y Bolivia, que son países asociados al MERCOSUR los ACE se perfeccionaron, igualmente México perfeccionó los ACE que tiene con cada país miembro del MERCOSUR. Posteriormente, diciembre del 2003, se firmarían ACE individualizados con Colombia, Ecuador y Venezuela. También se dieron acuerdos comerciales con India, con la Unión Aduanera Africana del Sur y diálogos de cooperación estratégica con China.

En el 2004 y 2005, con la recuperación y el favorable ciclo económico, se da un buen momento de la dimensión política, el MERCOSUR ha venido incrementando su rol como espacio sudamericano de coordinación y concertación política, México ha expresado su interés en asociarse a este esquema de integración subregional, el acuerdo de este grupo con la CAN son expresiones de este fenómeno, así como la gestación de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

En la CAN, sus exportaciones habían sido afectadas de igual forma por la crisis del torna siglo, pero la caída del comercio intrasubregional fue menos severa. Se dieron a principios de esta década avances en las negociaciones con terceros países; en la formación de la unión aduanera y en la profundización de la cooperación política, social y de seguridad regional.

Los países que sufrieron más con la desaceleración fueron Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela; únicamente Ecuador tuvo exportaciones dinámicas, que crecieron en el 2002 y el 2003. El d, en tan sólo un año, por la severa reducción de la demanda venezolana ante las restricciones a las importaciones y el control de cambios del gobierno.[10]

El comercio de la CAN, al igual que el del MERCOSUR, se caracteriza por ser altamente procíclico y volátil en el largo plazo. En el 2003 también continuó la caída de las exportaciones intrasubgrupo, y esto puso en riesgo la estructura productiva de ciertos sectores en el interior de los países, especialmente aquellos altamente dependientes del mercado regional como son el sector automotriz, la química, la metalmecánica, textil, agroindustria.

En el 2003, se dio un aumento de comercio entre Colombia-Ecuador y Ecuador-Perú, el primer eje se caracterizó sobre todo por un flujo importante de productos industriales básicos, sin embargo, estos flujos de comercio también se vieron afectados por la caída de la demanda de Venezuela, ante la concatenación de las industrias y sus abastecimientos.

La CAN empezó esta nueva década perfeccionando varias normas comunitarias para la armonización de instrumentos y políticas económicas y la facilitación del comercio, incluso se avanzó hacia una Política Agropecuaria Común Andina. También se avanzó en el Marco General de Principios y Normas para la liberalización del comercio de servicios. Ante la dolarización, Ecuador sugirió la elaboración de un sistema de salvaguardias motivadas por devaluaciones monetarias, incluso a inicios de esta década, Ecuador tomó medidas contra las exportaciones de cerámicas colombianas.

Se dio un nuevo énfasis, dentro de la CAN, a la coordinación de las políticas macroeconómicas, así se propusieron metas conjuntas como lograr que la inflación no superara un dígito, niveles aceptables de déficit fiscal, entre otras. En agosto del 2002, se renovaron las preferencias arancelarias que duraron hasta fines del 2006 para los países andinos, pero no se lo hizo a Venezuela ante posiciones políticas del gobierno norteamericano, a pesar de la opinión discrepante del resto de países miembros. En esta década se empieza a intensificar el proceso de integración, en sus ámbitos político y social, con la adopción de mecanismos de cohesión regional y lucha contra la pobreza, atender el tema de las migraciones y de la participación social en el proceso.

La CAN entraría en crisis y división tras la salida de Venezuela, en el segundo trimestre del 2006, ante la denuncia de que la conclusión de las negociaciones del TLC con EEUU, afectarían la esencia de ésta. Simultáneamente, Venezuela solicitó ser admitido como miembro pleno del MERCOSUR. En contraparte a esto, Chile reactivo su relación con la CAN dándole nueva vida.

La reintegración de Chile en la CAN, es una señal de la bipolarización de las posiciones en América del Sur. El liderazgo de Venezuela-Argentina-Brasil quiere ser contrarrestado por Chile, epítome del éxito de las reformas estructurales neoliberales y modelo del aperturismo. La entrada de Chile casi simultánea a la salida de Venezuela del Bloque Andino refleja estos juegos de poder geopolíticos y pone en peligro el gran sueño de la Suramérica Unida.

La América Latina de hoy parece enfrentarse a tres alternativas: Alineamiento con      EE UU y Canadá fortaleciendo  la integración comercialista de América –regionalismo abierto-. El “bolivarianismo”, para crear un gran espacio de integración de América Latina como un gran país. La recreación de una Federación de Estados Unidos de Sudamérica, en la confluencia  y convergencia de la Comunidad Andina y el MERCOSUR[11]. Esto se puede resumir como una encrucijada que fragmenta a América Latina, en quienes han sido seducidos por la ideología neoliberal aperturista y la promesa del crecimiento por el alineamiento con la economía norteamericana y quienes resisten desde el ámbito regional promoviendo una solución interna.

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[1] María da Conceição Tavares, y Gerson Gomes, La CEPAL y la integración económica de América Latina, Revista de la CEPAL - Nro. Extraordinario, Octubre 1998, versión digital disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/19238/concei.htm

[2] Íbid

[3] Manuel José Cardenas, Creación del Grupo Andino y Proyección de la Comunidad Andina, Secretaría General de ALADI, 27 de septiembre del 2000.

[4] Rubens Antonio Barbosa, La Evolución del Proceso de Integración en América del Sur de los años sesenta al milenio: Aporte a la Historia del MERCOSUR, Secretaría General de ALADI, 27 de septiembre del 2000.

[5] Germán A de la Reza, Reformas estructurales e integración en América Latina: ¿convergencia o subordinación?, Revista Comercio Exterior, Vol. 56, Núm 12, Diciembre de 2006, pág 1093.

[6] La Inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2001, Publicación de la CEPAL, Mayo del 2002, versión digital disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/10478/lcg2178_capI.pdf

[7] Germán A de la Reza, Reformas estructurales e integración en América Latina: ¿convergencia o subordinación?, Revista Comercio Exterior, Vol. 56, Núm 12, Diciembre de 2006, pág 1099

[8] Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2005-2006, Publicación de la CEPAL, Octubre del 2006, versión digital disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/26619/2006-380-PANINSAL-ESPANOL.pdf

[9] Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2001-2002, Publicación de la CEPAL, Marzo del 2003, versión digital disponible en: Http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/11663/lcg2189e.pdf

 

[10] Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2002-2003, Publicación de la CEPAL, Mayo del 2004, versión digital disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/14723/PANINSAL-02-03.pdf

 

[11] Carta Informativa; “Comunidad Andina de Naciones: Un sueño que se deshace”;  Eduardo Santos Alvite;  Agosto 2006,  pg.5 .

Antecedentes históricos

La década de los 80s:

El 12 de agosto de 1980, con la firma del Tratado de Montevideo,  surge la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ante el relativo fracaso de la ALALC, que fue creada en 1960. La evolución de la ALALC había sido marcada por dificultades para alcanzar los objetivos que la misma se propuso y por el abandono de varios de ellos. Pero su legado más grande, fueron logros importantes en el campo de la construcción institucional y del comercio regional, este legado lo tomaría la ALADI.

El Tratado de Montevideo, establecía los siguientes principios generales: “pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales”[1]. Así, la ALADI surgió con una mayor flexibilidad en el proceso de liberalización del comercio que el de la ALALC. También dentro de la ALADI se permite negociar acuerdos bilaterales o por grupos de países, al reconocer las realidades subregionales, pero dentro de sus principios se incluye el de convergencia, es decir, la multilateralización gradual de las acciones de carácter plural.

 

A pesar de ello, el Tratado de Montevideo de los 80s preservó un enfoque comercialista, principalmente la generación y desvío de comercio a través de los instrumentos de las preferencias y aranceles; pero, no inscribió una lógica de integración y complementación política y social también.

A principios de la década se daría la crisis de la deuda externa, iniciada con la moratoria de México en 1982, acarreando crisis de la balanza de pagos y difíciles condiciones estructurales y coyunturales. Esto anterior junto al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones conllevó a una nueva etapa de liberalización progresiva, a través de la eliminación de restricciones cuantitativas y aranceles, dotando a las políticas comerciales de instrumentos de aplicación transparente, ágil y sin restricción.

De esta manera el antiguo modelo de crecimiento con endeudamiento de los países líderes en Latinoamérica fue puesto en jaque, en este periodo de 1982 a 1990, a más de no existir absorción de recursos, las transferencias netas al exterior sumaron casi 220 mil millones de dólares, el 4% del PIB latinoamericano.[2]

En esta nueva etapa, el proceso de industrialización pasó a ser liderado por las grandes transnacionales y a centrarse en la producción de bienes de consumo duraderos, pero esta gran industria se asentaría sobre una base tecnológicamente atrasada y heterogénea, lo cual genera marcadas desproporciones en el tamaño económico de los diversos componentes de la estructura sectorial y provoca marcados desequilibrios y discontinuidades en el proceso crecimiento industrial.

Es decir, “los ciclos cortos de expansión de estas transnacionales nunca condujeron  a la creación de un núcleo de progreso técnico endógeno que garantizara la autodeterminación del proceso de industrialización, según el desiderátum de Raúl Prebisch y Celso Furtado.”[3] Sin embargo, las transnacionales se continuaron fortaleciendo ya que la inversión y desarrollo tecnológico de la misma estaba vinculada con su matriz en el exterior. El predominio de estas empresas empezó a configurar las estructuras de mercado, los patrones de distribución del ingreso y la composición del comercio internacional de los países de Latinoamérica.

“La casi totalidad de los países latinoamericanos inició una apertura sectorial hacia el exterior, que respondía al imperativo de premiar la eficiencia y la competitividad como mejor camino para el perfeccionamiento tecnológico y para el desarrollo”[4] El Estado debía, en esta concepción, crear las condiciones de competencia, educación, capacitación tecnológica y científica para promover la competitividad.

Ante el fin de los regímenes militares, se da un mayor acercamiento entre los países; especialmente entre Argentina y Brasil, los más grandes. Entre estas naciones se empezó a inscribir una dinámica de negociación  que se vio estimulada por la necesidad de apoyo e integración ante la crisis de la deuda, y la coyuntura de ambos países respecto al control de las principales variables macroeconómicas.

En julio de 1986, los mandatarios de Argentina y Brasil firmaban en Buenos Aires el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, que es el punto de partida jurídico del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE). Se buscaba partir de un conjunto limitado de proyectos sectoriales específicos y acotados iniciar la integración comercial, para luego ampliar la relación bilateral.

Así, los sectores que podrían dar resultados palpables serían preferidos a un utópico proceso de desgravación generalizado y horizontal.

El PICE fue un éxito, más allá de haber sido un impulso al comercio exterior, y un mecanismo de ahorro de divisas, fue una integración y complementación entre los sectores empresariales de ambos países, y sus gobiernos. Ante ello, en 1988 se quiso dar un salto cualitativo en las negociaciones con la firma del Tratado de Integración Cooperación y Desarrollo, en noviembre de dicho año, en el mismo se planteaba el objetivo de establecer un espacio económico común.

Pero dicho tratado no tuvo éxito ya que ante la no coyuntura en el problema de la deuda, mientras Argentina firmaba un acuerdo stand by con el FMI, Brasil declaraba la moratoria, y las variables macroeconómicas se descontrolaban, obligando a adoptar medidas comerciales restrictivas.

Por su parte el Pacto Andino, debido a la crisis de la deuda entró en un sistema de comercio administrado, en el cual los países pedían reciprocidad para intercambia con preferencia un número limitado de productos. De esta manera los países de la CAN fueron más proteccionistas entre sí de lo que fueron con terceros países. En 1983, las exportaciones de la región al resto del mundo habían caído en 4.6%, mientras las exportaciones entre el Grupo cayó en 46%.[5]

Ante ello, con la Declaración de Quito en 1987, se replanteó el proceso como un modelo abierto que permitiera a los países de la región integrarse a la economía mundial. Así se inició el proceso de apertura unilateral y mayor inserción en la economía mundial, dentro del regionalismo abierto. El nuevo estilo de desarrollo privilegia el crecimiento hacia fuera en contraposición con el crecimiento hacia adentro.

A través de este regionalismo abierto se perseguía que las políticas explícitas de integración fueran compatibles con las políticas tendientes a elevar la competitividad, y que las complementaran. Esta nueva lógica se la inició con la aprobación del Protocolo de Quito en 1987 y se ampliaría con las actas de Galápagos en 1989.

En el Protocolo de Quito, se sustituyeron los regímenes de programación industrial y agropecuaria, así como la planificación de la infraestructura física por programas generales. Se reafirmó que el programa de liberación debería ser automático e irrevocable. A la par de estos cambios del protocolo, los países adoptaron políticas internas de liberación financiera, cambiaria y de comercio exterior; siendo éstas medidas de apertura unilateral.

 

La década de los 90s:

 

Esta década es marcada por la presencia del modelo de reforma estructural y el de regionalismo abierto. Fue la década de mayores acuerdos comerciales, catorce en total. Este alto dinamismo de las negociaciones comerciales resultó en una red normativa común que los vincula.

El ajuste estructural comprende un conjunto de reformas y políticas: Reducción de aranceles, apertura al ingreso de capitales extranjeros, importación de tecnología, reforma y reestructuración del Estado, modernización de las gestión oficial, privatización de empresas públicas, reducción de la pobreza, desregulación y competencia en el mercado laboral y financiero, programa de estabilidad macroeconómica.

El influjo liberalizador que alcanzó su punto máximo en la segunda mitad de la década pasada dejó pocos espacios fuera de las mesa de negociaciones comerciales. Las prescripciones del Consenso de Washington, alentadas por las expectativas generadas tras la Ronda de Uruguay, la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y la consolidación de la Unión Europea (UE), generaron el clima propicio para esta liberalización global. La voluntad de las grandes potencias, su enfoque político-económico de las asociaciones comerciales y el sesgo exportador de los países menos desarrollados, amplificaron el proceso. Es a partir de la consolidación de los bloques regionales y la OMC que el ‘mercado público’ comienza activamente a debatirse en los foros comerciales.1 Aunque ningún país latinoamericano ha adherido al Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas de la OMC, varios han firmado acuerdos regionales y bilaterales que incluyen compromisos de acceso comercial (‘trato nacional’ y ‘no discriminación’), regulaciones específicas en transparencia y procedimientos que limitan la capacidad discriminatoria de los gobiernos.

En Latinoamérica, Chile, México, el Mercado Común Centroamericano, la República Dominicana y la Comunidad Andina de Naciones han firmado acuerdos bilaterales —con Estados Unidos, la Unión Europea o Japón.

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[1] Página Web Oficial de la ALADI: http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/biblio2004

[2] María da Conceição Tavares, y Gerson Gomes, La CEPAL y la integración económica de América Latina, Revista de la CEPAL - Nro. Extraordinario, Octubre 1998, versión digital disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/19238/concei.htm

[3] María da Conceição Tavares, y Gerson Gomes, La CEPAL y la integración económica de América Latina, Revista de la CEPAL - Nro. Extraordinario, Octubre 1998, versión digital disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/19238/concei.htm

[4] Rubens Antonio Barbosa, La Evolución del Proceso de Integración en América del Sur de los años sesenta al milenio: Aporte a la Historia del MERCOSUR, Secretaría General de ALADI, 27 de septiembre del 2000.

[5] Manuel José Cardenas, Creación del Grupo Andino y Proyección de la Comunidad Andina, Secretaría General de ALADI, 27 de septiembre del 2000.